El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció la detención de 1.200 personas y la solicitud de prisión provisional para los arrestados, calificando la violencia de una maniobra política. Esta declaración se produjo el sábado, tras una jornada de protestas que reunió a entre 550.000 y 800.000 personas en todo el país, superando las expectativas del Gobierno. Las manifestaciones, convocadas por estudiantes y colectivos, se caracterizaron por un alto nivel de violencia, incluyendo ataques a edificios públicos y saqueos. Destacó la destrucción del Ayuntamiento de Limoges, un monumento histórico declarado, que quedó prácticamente destruido por un incendio provocado por manifestantes. Lecornu justificó las medidas legales argumentando que los perfiles de los detenidos son "particularmente violentos y peligrosos" y que se intentó atacar centros de poder como el palacio del Elíseo. Los alcaldes de París, Marsella y Lyon solicitaron una reunión con el Ejecutivo para analizar la gravedad de los daños. En Limoges, el alcalde Guillaume Guérin condenó la violencia, señalando que los policías nacionales carecían de medios para contener a los manifestantes y que los municipales huyeron ante el ataque. El Gobierno ha indicado que no se dejará intimidar y que la justicia actuará para evitar que una minoría destruya el país.
Noticias agregadas con IA