El gobernador Ron DeSantis firmó el 22 de abril, Día de la Tierra, la ley HB 1217, que prohíbe a los gobiernos locales de Florida perseguir objetivos de emisiones netas cero y les exige presentar una declaración jurada anual al Departamento de Ingresos para acreditar su cumplimiento. La norma, que entrará en vigor el 1 de julio, define las políticas de cero emisiones, los impuestos sobre el carbono y los programas de comercio de emisiones como contrarios a la seguridad energética y los intereses económicos del estado. Al menos diez ciudades y condados, entre ellos Fort Lauderdale, Miami, Orlando y el condado de Leon, habían adoptado compromisos de neutralidad de carbono para 2050. La nueva ley también impide a los municipios adquirir vehículos o electrodomésticos según el combustible utilizado, participar en mercados de carbono o financiar a organizaciones con políticas similares. El condado de Leon ya anuló una declaración de emergencia climática de 2023 y desistió de certificar un edificio público como de cero emisiones, aunque mantiene sus sistemas solares. La Orlando Utilities Commission, segundo servicio público municipal del estado con más de 288.000 clientes, aseguró que continuará con su plan de reducir emisiones de CO2 un 50% para 2030 y un 75% para 2040, al margen de la legislación. La norma se suma a la ley de 2024 que eliminó del código estatal las menciones a "cambio climático" y anuló metas de energías renovables. Defensores del medio ambiente y analistas consideran que la medida es un intento de obstruir las herramientas de rendición de cuentas hacia la industria de combustibles fósiles, mientras que sus impulsores la justifican como protección de la asequibilidad y el empleo frente a las políticas del Green New Deal.
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