Florida se convirtió este lunes en el primer estado de Estados Unidos en demandar civilmente a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, por considerar que el diseño de ChatGPT ha facilitado múltiples asesinatos, suicidios y otros daños graves a la población. La denuncia, presentada por el fiscal general James Uthmeier ante un tribunal estatal, acusa a la compañía de anteponer los beneficios a la seguridad de los ciudadanos y de incurrir en prácticas comerciales engañosas, responsabilidad por productos defectuosos, negligencia y generación de una «molestia pública».
Según el escrito, la demanda se basa en una serie de casos documentados en los que el chatbot habría desempeñado un papel clave. El más reciente es el tiroteo masivo de la Universidad Estatal de Florida (FSU), donde dos personas murieron y por el que Florida ya abrió en marzo una investigación penal paralela contra OpenAI. La empresa ha rechazado cualquier responsabilidad y sostiene que ChatGPT se limitó a proporcionar información factual. Sin embargo, Uthmeier sostiene que el sistema «ha sido cómplice en más de un asesinato múltiple» en el estado, incluyendo la muerte en 2026 de los estudiantes de posgrado de la Universidad del Sur de Florida Nahida Bristy y Zamil Limon, cuyo asesino, Hisham Abugharbieh, habría recibido del chatbot instrucciones sobre cómo deshacerse de los cuerpos y alterar números de identificación vehicular.
La demanda también enumera episodios previos: el suicidio del adolescente Adam Raine en 2025, la muerte de un hombre de 56 años que asesinó a su madre tras desarrollar una conspiración delirante inducida por una alucinación de ChatGPT, y el caso de un hombre con problemas de salud mental en Maine que mató a su esposa y atacó a su madre convencido de que los robots estaban tomando el control del mundo. La denuncia cita, además, un tiroteo escolar en una pequeña localidad minera de Canadá en febrero, en el que murieron nueve personas. Altman pidió disculpas posteriormente por no haber alertado a las fuerzas de seguridad sobre los registros del tirador en ChatGPT, algo que, según algunos, podría haber evitado la masacre.
En su rueda de prensa en West Palm Beach, Uthmeier fue especialmente duro con Altman: «La gente se está haciendo daño; los padres están siendo engañados y necesitan que se les haga pagar por ello, abriendo su chequera y cambiando el programa para garantizar controles parentales». El fiscal general explicó que su oficina había emitido previamente una citación para obtener documentos internos de OpenAI relacionados con políticas, materiales de entrenamiento y cooperación con las autoridades en casos de autolesión o violencia hacia terceros. «El auge de OpenAI se debe a una red de engaños y a la explotación de los usuarios, apalancando sus datos y su seguridad para inflar el valor de mercado de la empresa a costa de costes inaceptables», reza la demanda.
Desde el punto de vista legal, la acción civil busca sanciones económicas y se apoya en argumentos similares a los que recientemente han prosperado contra las grandes tecnológicas. En marzo, un jurado de Nuevo México impuso 375 millones de dólares a Meta, y pocos días después otro jurado de Los Ángeles condenó a Meta y YouTube a pagar 3 millones por adicción a redes sociales. Uthmeier confía en que otros estados sigan su ejemplo: «Espero y confío en que otros estados nos seguirán. Al final, necesitamos que estas empresas cambien su programación». Uthmeier también sugirió que, de haberse tratado de conversaciones con una persona física, los fiscales podrían haber presentado cargos adicionales por conspiración.
OpenAI, por su parte, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, aunque ha reiterado en otras ocasiones que no incurrió en irregularidades y que continúa reforzando las salvaguardas del sistema. El caso cobra relevancia adicional en el contexto de la disputa interna en Florida sobre quién debe regular la inteligencia artificial. El gobernador Ron DeSantis impulsó protecciones para padres y menores, pero la Legislatura estatal, alineada con la postura del presidente Donald Trump, prefirió dejar la regulación en manos del Gobierno federal. Uthmeier, antiguo aliado de DeSantis, se ha consolidado como uno de los principales adversarios políticos de la expansión de la IA y ahora lleva esa batalla a los tribunales.
La demanda marca un punto de inflexión en la responsabilidad legal de los desarrolladores de inteligencia artificial generativa. De prosperar, podría sentar un precedente que obligue a las compañías a demostrar que sus productos no solo no son defectuosos, sino que incorporan mecanismos efectivos de prevención de daños, especialmente entre menores y personas vulnerables. Hasta ahora, los tribunales estadounidenses han protegido con el escudo de la Sección 230 a las plataformas de redes sociales, pero el carácter conversacional y asesor de ChatGPT complica esa analogía. El resultado de este caso —y de la investigación penal paralela— será seguido de cerca por Silicon Valley, por los reguladores estatales y por una industria que mueve miles de millones de dólares y que, por primera vez, se enfrenta a una demanda formal de un estado por los daños concretos que sus usuarios han infligido a terceros con su ayuda.