La Fiscalía de Málaga ha solicitado 15 meses de prisión para un vecino de Casabermeja por instalar una casa móvil en una parcela de 3.127 metros cuadrados clasificada como suelo rústico común. El caso, pendiente de juicio, gira en torno a la naturaleza jurídica de la estructura: si se considera una construcción que requiere licencia urbanística o un bien mueble que no la exige. El acusado, Miguel Ángel Escalante, defiende que su instalación es un bien mueble sin cimentación, basado en la jurisprudencia de 2011 de la Audiencia de Barcelona. Sin embargo, la jurisprudencia reciente, incluida la sentencia 1917/2024 del Supremo, establece que las casas móviles se asimilan a casas prefabricadas y, por tanto, requieren licencia, incluso si son desmontables. Esta postura se alinea con condenas previas en Cártama y El Molar, donde se impusieron penas y demoliciones. El delito de ordenación del territorio prevé de uno a tres años de prisión, por lo que la petición de 15 meses se sitúa en el mínimo legal. Además, el caso resalta la complejidad legal de la vivienda en suelo rústico, donde la ley del suelo (LISTA) permite excepciones, pero la falta de licencia y el precinto de Finca Colores en Casabermeja evidencian los riesgos de instalar estas estructuras sin permisos adecuados.
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