Una investigación de Injustice Watch, basada en más de 5.000 páginas de correos electrónicos y expedientes judiciales obtenidos mediante solicitudes FOIA, revela que fiscales de 17 de los 102 condados de Illinois compartieron datos personales sensibles —direcciones, fechas de nacimiento, fotografías, horarios de comparecencias— con agentes de ICE y otras agencias del DHS durante los primeros 15 meses del segundo mandato de Donald Trump, sin órdenes judiciales federales, sin supervisión legislativa y sin informar a los acusados ni a sus abogados.
El caso de Rolando Perez Samayoa ilustra el patrón: tras una acusación por DUI en el condado de Marion, el asistente del fiscal John Christeson envió por correo electrónico los datos del detenido a un agente de HSI. Tres semanas después, agentes federales detuvieron a Samayoa frente a su casa y se llevaron también a su hijo de 17 años. En el condado de DuPage, la oficina del fiscal contactó con agentes federales más que ninguna otra del estado, llegando a entregar registros de votación de dos residentes ante una solicitud administrativa de CBP, sin que mediara orden judicial.
El TRUST Act de 2017 prohíbe a policías y otras agencias colaborar en deportaciones sin una orden federal, pero no aclara si los fiscales están sujetos a esa restricción. Muchos fiscales optaron por cooperar; otros, en cambio, declararon no haber tenido contacto alguno con ICE, lo que demuestra que la colaboración fue una decisión y no una obligación. El DHS declinó responder a las preguntas de Injustice Watch.