Vicente González Mota, fiscal de la Audiencia Nacional, ha emitido un escrito en el que defiende la competencia de los tribunales españoles para investigar la querella por agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras. Esta postura contradice el criterio previo de la Fiscalía, que había archivado la denuncia inicial en enero de 2024 argumentando la falta de vínculos territoriales o personales con España, dado que los hechos ocurrieron en el extranjero y las demandantes no son españolas.
El informe de González Mota aún no ha sido enviado al magistrado Antonio Piña, quien preside la causa, y debe ser visado por un superior antes de su traslado. Los superiores de González Mota, el fiscal jefe Jesús Alonso y la teniente fiscal Marta Durántez, se han abstenido de visarlo. La decisión de apartarse del criterio archivante se debe a que ambos fueron denunciados por la defensa del cantante por no facilitar la primera denuncia. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional falló contra la Fiscalía, obligándola a entregar las diligencias preprocesales y la denuncia anonimizada.
La encargada de visitar el nuevo informe es Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería. Según fuentes jurídicas, el criterio de González Mota se aparta del fijado por sus superiores hace unos meses. La fiscal Durántez concluyó que las extrabajadoras no viajaron a España con el denunciado y que este último no reside en el país ni mantiene su centro de vida aquí, a pesar de tener propiedades inmobiliarias en España.