Paula Sánchez, responsable administrativa de 47 años, perdió 40.408 euros tras aceptar en noviembre de 2025 una oferta de empleo remoto publicada en LinkedIn. Una desconocida que se hacía llamar Sofía Koivu, supuesta reclutadora de la boutique parisina ReSee, la contactó por WhatsApp, le hizo firmar un precontrato como “Marketing ranking associate” con un salario de 600 euros y la introdujo en un esquema que combinaba tareas de SEO con depósitos crecientes en criptomonedas. Las primeras transferencias eran reembolsadas; cuando llegó a los “limited edition items”, que exigían adelantar el valor íntegro para obtener comisiones del 30%, la víctima ya estaba atrapada. En España se registraron 468.801 ciberdelitos en el último año, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, y la tasa de notificación de estos fraudes ronda el 20%, según la Revista Española de Investigación Criminológica. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) confirma que la mayoría de las consultas por falsas ofertas de empleo están vinculadas a inversiones en criptomonedas y basadas en ingeniería social. El abogado Borja Adsuara recuerda que estas prácticas pueden encuadrar como estafa, phishing o suplantación de identidad, delitos previstos en el Código Penal. La asociación Victifin, fundada después de que el marido de su portavoz, Jessica González, perdiera 41.500 euros en la web no autorizada Investing Pro, asiste a damnificados y difunde alertas en redes. Otro afectado, el ingeniero Rafael Langarita, de 46 años, fue engañado dos veces: primero por una plataforma que imitaba a Interactive Brokers y después a través de Telegram. Statista estima que el coste global del ciberdelito pasará de 9,22 billones de dólares en 2024 a 13,82 billones en 2028.
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