Desde el 2 de agosto de 2026 entran en vigor en la Unión Europea las obligaciones de transparencia del artículo 50 de la Ley de Inteligencia Artificial, que obligan a identificar claramente los deepfakes publicados en territorio comunitario. La medida busca frenar el auge de fraudes, suplantaciones, campañas de desinformación y contenidos que atribuyen a personas palabras o acciones que nunca tuvieron lugar, aunque la definición legal solo alcanza a imágenes, audios o vídeos generados o manipulados con IA que puedan parecer auténticos.
La norma distingue dos responsabilidades. Los proveedores de sistemas de generación o manipulación de contenido deberán incluir señales legibles por máquinas, como metadatos o marcas de agua digitales, para que plataformas y verificadores detecten el origen sintético; los sistemas anteriores al 2 de agosto disponen hasta el 2 de diciembre para adaptarse a esta parte técnica. Quienes publiquen deepfakes deberán además advertir de forma visible, distinguible y comprensible, sin que baste una marca invisible. La Comisión Europea ha creado tres iconos gratuitos, aunque su uso es opcional y no exime de asegurar que la advertencia sea perceptible en cada contexto.
Quedan fuera de la obligación de etiquetado visible los textos informativos revisados por personas, las obras artísticas, creativas, satíricas o ficticias —que solo deben informar de la intervención de IA— y los chatbots, asistentes, sistemas de reconocimiento emocional y categorización biométrica, que también deberán avisar al usuario. No existe obligación retroactiva sobre los contenidos generados antes del 2 de agosto. El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3 % de la facturación mundial anual, con criterios de proporcionalidad para pymes.