El robo del tesoro de Villena, perpetrado en apenas ocho minutos por un grupo de encapuchados la noche del 27 de agosto, reabrió el debate sobre la fragmentación del patrimonio español. El conjunto de orfebrería prehistórica, descubierto en 1963 por José María Soler en el yacimiento del Cabezo Redondo y declarado Bien de Interés Cultural en 2003, desapareció de un museo municipal con cinco anillos de alarma, cámaras nocturnas y sensores sísmicos que no fueron suficientes. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y la sustracción ha puesto en alerta a otros museos valencianos.
España cuenta con más de 1.500 museos registrados, de los que cerca de 1.060 son de titularidad pública y 649 dependen directamente de ayuntamientos. La categoría más numerosa es etnografía y antropología, con 275 colecciones, frecuentemente alojadas en pequeños municipios. La tendencia de cada consistorio a exhibir sus propias piezas ha generado una red dispersa, con presupuestos limitados, horarios reducidos y, en muchos casos, sin personal fijo ni inventarios actualizados.
La problemática se extiende a ermitas y sacristías rurales, donde piezas robadas han reaparecido décadas después en anticuarios o comisionistas, tanto dentro como fuera de España. Expertos como Isaac Sastre de Diego subrayan que la función esencial de un museo es custodiar el legado cultural, y reclaman una reflexión sobre las prioridades de la política patrimonial española.