España veta a Palantir en sus empresas públicas sin tocar el contrato de Defensa

El Gobierno español ha empezado a trasladar a las empresas públicas bajo el paraguas de la SEPI —Telefónica, Indra, Correos y Navantia— la indicación de que no firmen nuevos contratos con Palantir. Según ha avanzado El Confidencial, la orden no es oficial ni está por escrito, pero ya ha provocado la cancelación de un acuerdo con la Guardia Civil y otro con Navantia. El argumento esoficialista apunta a evitar que información sensible quede en manos de una compañía estadounidense con vínculos estrechos con la Casa Blanca de Trump, siguiendo la línea de Francia, Alemania, Dinamarca y Países Bajos.

En paralelo, la OTAN anunció esta semana que el sistema Maven Smart System de Palantir se convertirá en su sistema operativo para la gestión de datos militares. España, como aliada, dio su visto bueno en Bruselas. Esa coincidencia agranda la contradicción: veto interno y respaldo en la Alianza.

El contrato clave, el del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) firmado en 2023 por 16,5 millones de euros, sigue vigente y caduca en noviembre. El Estado Mayor ha presionado a la ministra Margarita Robles para renovarlo porque, según fuentes del sector, no existe alternativa comparable en el mercado. Si se renueva sin ruido, el veto quedará como gesto diplomático; si se deja caer, España perderá una herramienta que sus militares consideran insustituible, porque aún no existe un sustituto europeo o nacional.