El Gobierno de España ha adoptado este viernes una decisión histórica y sin precedentes: por primera vez en la historia del sector, ha decretado la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado para evitar un desplome de los precios en origen que perjudique a los productores. Esta medida, publicada en el BOE, marca un punto de inflexión en la gestión de la oferta agrícola española, activando un mecanismo de intervención que hasta ahora solo se había previsto en la normativa europea pero no se había aplicado nunca. La decisión responde a la exigencia de los productores ante el "hundimiento" de los precios y el aumento disparado de los costes de producción, pero ha generado una fuerte oposición por parte de la industria envasadora, que ya ha anunciado que recurrirá la orden ante los tribunales.
El contexto de esta medida es crítico. Según las primeras estimaciones del aforo, la producción de aceite de oliva ascenderá a 1,6 millones de toneladas en la campaña 2026-2027, un 23% más que la campaña anterior. A esto se suman unas 357.000 toneladas de existencias finales de la campaña previa, lo que ha provocado una caída del 6% en los precios en origen en el último mes, según el sistema Poolred. El Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en 3,2 euros por litro, muy por debajo de los 5 euros que se pagaban hace un año. Para activar el mecanismo, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios ha confirmado que las existencias iniciales más las estimaciones de producción alcanzan el 120% de la media de las seis campañas anteriores, cumpliendo así el umbral establecido por la nueva norma de comercialización publicada en octubre.
La normativa que rige esta acción deriva de un decreto de 2021, basado en el artículo 167 bis del reglamento europeo, que permite a los países productores regular la oferta ante la previsión de una disponibilidad que desestabilice el mercado. A diferencia de las antiguas ayudas europeas al almacenamiento privado, que se limitaban a pagar el coste de guardar el producto durante 180 días y que la última vez se aplicaron en 2019, este nuevo mecanismo es una medida nacional, obligatoria para las almazaras y sin compensación económica directa para ellas. El BOE ha fijado en un 12% el porcentaje de aceite que deberá ser retirado hasta el final de la campaña, lo que implica que aproximadamente 188.000 toneladas se quedarán fuera del mercado, almacenadas por las almazaras sin recibir ningún tipo de exenciones ni compensaciones.
La reacción del sector ha sido inmediata y contundente. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha criticado la activación del mecanismo por los "riesgos" que plantea para la competencia y los consumidores, advirtiendo sobre el posible encarecimiento del producto y la reducción de su variedad y calidad. La industria envasadora, representada por entidades como Asoliva, Anierac, Infaoliva y Almazaras Federadas, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la norma del año anterior y ha avanzado que volverá a hacerlo contra la de esta campaña, argumentando que la medida rompe el equilibrio de mercado. Por su parte, las organizaciones de productores han salido en su defensa, destacando que la medida protege al agricultor frente a la insostenibilidad de los costes de producción.
El análisis de la situación revela una tormenta perfecta: una cosecha abundante, un exceso de existencias y precios bajos que no cubren los costes. Aunque la idea de retirar el aceite es buena para contener los precios y permitir que los productores compensen sus costes, la implementación práctica presenta desafíos. No está claro qué efectos producirá esta medida en los lineales de los supermercados, ya que es la primera vez que se aplica. La intención es que el aceite retirado sirva para "amortiguar" futuras cosechas cortas, pero nadie sabe realmente qué impacto tendrá en el precio final para el consumidor. La decisión del Gobierno es ágil y nacional, pero carece de la compensación económica que caracterizaba a las medidas anteriores, lo que añade una capa de complejidad a la gestión de esta crisis de oferta.