España continúa aplicando el cambio de hora estacional, una práctica que, según un análisis reciente, carece de la evidencia científica actualizada necesaria para justificar sus beneficios. Aunque el argumento tradicional se basaba en el ahorro energético, las estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 2015, que predecían un ahorro de 300 millones de euros anuales, no reflejan la realidad energética actual ni han sido actualizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Investigaciones internacionales, incluyendo un metaanálisis de 2018, sugieren que el impacto en el consumo eléctrico es mínimo o incluso negativo, debido al aumento del uso de calefacción y aire acondicionado. Además, el debate trasciende la energía: los ritmos circadianos humanos no se ajustan automáticamente, lo que puede afectar al sueño y la salud. Estudios de 2026 vinculan el adelanto primaveral con un aumento de episodios cardiovasculares y accidentes de tráfico, mientras que el retraso de octubre podría tener beneficios menores. Organizaciones como la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño abogan por un horario estable, pero la falta de consenso en Europa y la inercia normativa impiden su implementación. La Comisión Europea publicó en marzo de 2026 el calendario de cambios hasta 2031, aunque estas fechas podrían modificarse si se alcanza un acuerdo para eliminar la práctica.
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