El Gobierno de España ha presentado un proyecto de Real Decreto que condiciona la instalación de nuevos centros de datos a la provisión de su propia energía renovable. La norma, dirigida a instalaciones con una potencia de acceso superior a 1 MW, exige que el 80% del consumo eléctrico se cubra mediante autoconsumo o contratos de compra de electricidad (PPA) vinculados a plantas renovables españolas. Un requisito clave y polémico es la 'correlación horaria', que obliga a que el 80% de la electricidad consumida en cada hora esté respaldada por generación renovable de ese mismo momento, un desafío técnico dado el funcionamiento ininterrumpido de los servidores frente a la intermitencia del sol y el viento.
Esta regulación surge ante la avalancha de proyectos vinculados a la inteligencia artificial: Red Eléctrica ha concedido más de 12 GW de capacidad de acceso, muy por encima de los 3,5-4 GW previstos en la Estrategia de IA para 2030. El objetivo es evitar que el crecimiento desordenado de estas infraestructuras eleve la factura de la luz de los hogares o incremente la dependencia del gas. Aunque la patronal SpainDC estima que el sector podría movilizar 67.000 millones de euros hasta 2030, la industria tecnológica presiona para suavizar las exigencias horarias, ante el temor de que la normativa haga inviables o excesivamente costosos los proyectos. El Ejecutivo se muestra abierto a ajustes, pero mantiene como prioridad blindar el precio de la electricidad para los consumidores finales.