España ha desplegado 1.219 agentes de Policía en 14 aeropuertos para controlar a 8.216 viajeros de terceros países procedentes de Italia en poco más de dos semanas, según datos del Gobierno. En el mismo período, Italia apenas ha rechazado a 21 personas, lo que evidencia la desproporción entre la escalada política y el resultado operativo. La Comisión Europea ha confirmado este 25 de agosto que examina si los controles españoles, establecidos por la Orden INT/846/2026, vulneran el derecho comunitario. El presidente Pedro Sánchez ha convocado por primera vez al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis y ha decretado la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta, creando un mando único encabezado por el ministro Ángel Víctor Torres.
La crisis se originó tras la entrada masiva de entre 50.000 y 70.000 personas desde Marruecos el 30 y 31 de julio, con al menos 72 muertos por ahogamiento. Italia suspendió unilateralmente Schengen con España el 31 de julio, decisión que ahora se vuelve en contra de Roma: Alemania, Suiza, Austria, Finlandia, Suecia, Países Bajos e Irlanda han activado o preparan devoluciones de solicitantes de asilo hacia Italia invocando la regla del primer país de entrada. Austria y Suecia ya han ejecutado las primeras devoluciones, y la líder de la oposición italiana, Elly Schlein, calificó la decisión de Meloni como un bumerán escandaloso. Datos de Frontex muestran una caída del 37% en entradas irregulares a la UE en el primer semestre de 2026.