La oleada de incendios forestales del verano de 2026 en España ha puesto en evidencia la fragmentación y las lagunas de la normativa que regula el uso de maquinaria y obras en zonas de monte. El jueves 16 de julio ardieron más de 144.844 hectáreas según el avance del MITECO del 2 de agosto, casi dos veces y media por encima de la media de la última década; el sistema europeo EFFIS elevaba la cifra a 222.783 hectáreas el 5 de agosto, el 44,5 % de toda la superficie quemada en la UE.
Varios focos ilustran el patrón: en La Mierla (Guadalajara) una cosechadora agrícola; en Burgohondo (Ávila) el uso de un martillo hidráulico con autorización; en Los Gallardos (Almería) un cable eléctrico olvidado; y en Peñas de Riglos (Huesca) unas obras en la A-132. El Real Decreto-ley 15/2022 y el RD 716/2025 prohíben la maquinaria que genere deflagraciones, chispas o descargas eléctricas en niveles de riesgo muy alto o extremo, con una franja de 400 metros alrededor del monte, pero cada comunidad autónoma aplica excepciones, declaraciones responsables y ventanas horarias distintas: Castilla-La Mancha y Extremadura restringen entre las 14:00 y las 17:00, Galicia entre las 12:00 y las 18:00, y Castilla y León permite cosechar con matachispas salvo que se superen 30 ºC y 30 km/h a la vez.
Investigaciones de la UPNA, la Universidad de Zaragoza y Fundación Mapfre recuerdan que esta maquinaria no es la principal causa de incendios, pero puede provocar fuegos muy destructivos al coincidir con las peores condiciones de propagación. Portugal, tras sus crisis, ha desplazado toda la actividad al horario nocturno, y Oregon prohíbe directamente los trabajos cuando el riesgo es alto. En España, la regulación cambia automáticamente cuando AEMET modifica sus alertas, pero aún no se ha unificado ni reforzado para evitar que la maquinaria y las obras sigan siendo un detonante habitual.