El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto sobre vivienda que introduce el alquiler indefinido como medida clave para frenar la crisis residencial, tras la indignación generada por el desahucio de Maricarmen. Esta norma permite la renovación automática de contratos de alquiler sin fecha de caducidad, siempre que el inquilino esté al corriente de pagos, eliminando la posibilidad de desahucios sin causa justificada. La medida, que no estaba en el borrador inicial, ha sido impulsada por la presión de Sumar y el Sindicato de Inquilinas, que la consideran una reclamación irrenunciable. El acuerdo entre PSOE y Sumar se ha materializado mediante dos decretos ley distintos: uno para medidas de protección hasta 2030 y otro para la renovación automática de alquileres. Aunque el acuerdo requiere la convalidación en el Congreso, donde necesita el respaldo de formaciones como Junts, el modelo no es nuevo en España, donde la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ya contemplaba prórrogas forzosas. Analistas señalan que, históricamente, estas medidas han reducido la oferta de alquiler en el mercado, pero el objetivo actual es garantizar estabilidad a los inquilinos en un contexto de alta tensión social y política.
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