La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha propuesto eliminar el requisito federal que obliga a los estados a notificar al público y permitir comentarios antes de aprobar permisos de contaminación atmosférica para instalaciones industriales, incluidos los centros de datos para inteligencia artificial. Esta medida, que también permitiría a los desarrolladores iniciar la construcción antes de la aprobación final de los permisos, reduce las oportunidades formales de los residentes para cuestionar o informarse sobre estos proyectos. Según una encuesta de Gallup, el 70% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en sus comunidades, pero el gobierno federal avanza en facilitar su despliegue. El sur rural, con una alta concentración de comunidades afroamericanas, ha experimentado el mayor crecimiento de estas infraestructuras. Los críticos advierten que la falta de transparencia puede agravar riesgos para la salud, aumentar las facturas de servicios públicos y contribuir al desplazamiento de comunidades, ya que los costos de la infraestructura eléctrica suelen transferirse a los usuarios. Además, el crecimiento industrial está alterando los mercados de vivienda; en Louisiana, los precios de las casas y alquileres subieron un 80% en un año en áreas cercanas a un gran centro de datos de Meta, provocando desalojos. Más de 200 grupos de defensa y una docena de estados se han opuesto a los cambios, argumentando que socavan la democracia y la salud pública. La EPA justifica la propuesta como una forma de acelerar el desarrollo económico y energético, priorizando el objetivo de convertir a EE.UU. en la capital mundial de la IA. Se espera que la agencia finalice la propuesta en el próximo año.
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