Los empleados de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) actuarán como monitores electorales en las urnas durante la elección general de 2026, según un documento presentado ante la Corte Federal por el Departamento de Justicia (DOJ). Esta iniciativa, supervisada por la División de Derechos Civiles del DOJ, busca garantizar el cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles, siguiendo prácticas establecidas en ciclos electorales anteriores.
Eric Neff, jefe adjunto de la Sección de Votación de la División de Derechos Civiles, confirmó que los monitores no portarán armas de fuego ni ejercerán funciones de aplicación de la ley. Además, no participarán empleados de la Oficina Federal de Investigación (FBI) ni de la Agencia de Aplicación de la Ley de Inmigración y Control de Aduanas (DHS). En su lugar, se incorporarán personal de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) y la Administración de Aplicación de la Ley de Drogas (DEA).
Las tareas principales de los monitores consisten en observar las urnas, tomar notas y entrevistar a votantes dispuestos a hablar sobre su experiencia fuera de las urnas. Se les instruye estrictamente para no interferir con los votantes ni con los funcionarios electorales, y no deben hablar con los votantes dentro de las urnas. Para su identificación, deben usar ropa de oficina sin insignias visibles y llevar credenciales federales. El DOJ no ha revelado la cantidad exacta de empleados ni las ubicaciones específicas, argumentando que la publicación pública podría comprometer la seguridad de los monitores y la integridad del proceso.