Tres empleados de Amazon se encuentran bajo investigación interna de la compañía tras haber exigido públicamente al Ayuntamiento de Seattle que regule la construcción de centros de datos en la ciudad. Se trata de un episodio sin precedentes de activismo de trabajadores tecnológicos contra su propia empresa, que ahora ha derivado en una queja formal ante la Oficina de Derechos Civiles de Seattle por presunta represalia.
Los ingenieros de software Darius Irani, Liesel Wigand y Patrick Schloesser, que trabajan en distintas divisiones de Amazon y residen en la ciudad, presentaron el jueves una denuncia conjunta en la que acusan a la compañía de intentar intimidarlos y tomar represalias por expresar sus opiniones personales sobre la necesidad de regular los impactos ambientales y sociales de los centros de datos. Los tres comparecieron en reuniones públicas del consistorio a lo largo de este mes como miembros de Amazon Employees for Climate Justice, un colectivo de miles de trabajadores actuales y exempleados de la empresa que desde hace años aboga por una mayor responsabilidad climática de la compañía.
Según relataron los propios empleados a WIRED, fueron convocados por separado a reuniones virtuales con personal de Relaciones Laborales de Amazon el pasado miércoles. Durante esas reuniones, se les comunicó la apertura de una investigación que podría durar entre una y dos semanas, y al menos Schloesser recibió el aviso de que el proceso podría desembocar en su despido. La razón esgrimida por la empresa, según entienden los trabajadores, es que supuestamente se habrían presentado como portavoces de Amazon sin autorización previa, algo que ellos califican de "absurdo" y "ridículo".
"Es increíblemente peligroso si permitimos que las corporaciones hagan esto", declaró Schloesser, quien lleva seis años en la empresa. "Tomé la decisión de hacer esto público por primera vez porque estaba harto de sentir miedo de defender mis valores". Por su parte, Irani explicó que sintió la necesidad de intervenir al considerar que Seattle debería exigir a los centros de datos el uso de energías renovables y tecnologías de refrigeración innovadoras.
La abogada Abby Lawlor, del bufete Barnard Iglitzin & Lavitt, que asesora a los empleados, recordó que Seattle es una de las pocas jurisdicciones del país que prohíbe a los empleadores privados discriminar a sus trabajadores por sus creencias políticas o las organizaciones a las que pertenecen. "Tenemos herramientas legales para luchar y asegurar que los trabajadores tecnológicos puedan ser participantes democráticos plenos en estas importantes discusiones locales", señaló.
El conflicto se enmarca en un debate cada vez más intenso en Estados Unidos sobre el impacto de los centros de datos, las infraestructuras físicas que sostienen el auge de la inteligencia artificial. Aunque estas instalaciones pueden atraer inversiones significativas, su creciente consumo de energía y agua las ha convertido en un punto de fricción política. Amazon ha desarrollado tecnologías orientadas a reducir el consumo de recursos de sus centros de datos, pero un movimiento creciente en todo el país exige nuevas fórmulas para exigir responsabilidades ambientales a las grandes tecnológicas.
En este contexto, el Ayuntamiento de Seattle aprobó por unanimidad, tras recibir decenas de comentarios de apoyo del público, una moratoria de un año sobre la construcción de nuevos centros de datos. La medida, de carácter urgente y con efecto inmediato, busca dar tiempo al consistorio para imponer nuevas normas al sector. Aunque Amazon no tiene actualmente ningún centro de datos en Seattle ni proyectos previstos en la ciudad, varias otras compañías sí han presentado planes para nuevas instalaciones.
Amazon, por su parte, declinó hacer comentarios sobre la investigación interna. Previamente, la portavoz Margaret Callahan había asegurado a WIRED que la empresa respeta el derecho de sus empleados a expresar sus opiniones y que intenta ser un actor responsable en las comunidades donde opera. Los empleados afectados afirman haber recibido numerosos mensajes de apoyo de colegas y ninguna crítica interna, al margen de las reuniones con Recursos Humanos.
El episodio pone de relieve las tensiones entre el activismo de los trabajadores tecnológicos y la disciplina corporativa en una industria cada vez más cuestionada por su huella ambiental. La queja ante la Oficina de Derechos Civiles de Seattle y la moratoria municipal marcan un punto de inflexión en un debate que probablemente se replicará en otras ciudades estadounidenses donde la expansión de los centros de datos avanza a gran velocidad.