Activistas y críticos buscan impedir que Elon Musk se libre de una estricta orden de privacidad de datos impuesta por la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos poco antes de que el magnate comprara Twitter en 2022. La resolución, vigente hasta 2042, restringe el uso de datos de los usuarios de X durante 20 años, exige auditorías independientes periódicas y faculta a la agencia a solicitar documentación para verificar el cumplimiento.
La actuación de la FTC fue consecuencia de la confesión voluntaria de Twitter de que, entre mayo de 2013 y septiembre de 2019, un error de código permitió que números de teléfono y direcciones de correo electrónico facilitados por los usuarios para la autenticación en dos pasos se utilizaran para publicidad dirigida. En el acuerdo, Twitter aceptó pagar 150 millones de dólares y someterse a la supervisión de la FTC.
Musk ya intentó sin éxito revocar la orden en 2023, cuando acusó al organismo de aumentar de forma agresiva el número de requerimientos y alegó que estaba "viciado por prejuicios". En su respuesta, la FTC recordó que la adquisición planteó dudas reales sobre la capacidad de la empresa para cumplir la orden, sobre todo tras el despido de personal clave dedicado al cumplimiento normativo. Un ingeniero declaró que los recortes y la presión por reducir costes mermaron la capacidad de X para establecer controles técnicos sobre los datos de contacto. Según la FTC, nadie era responsable de aproximadamente el 37% de los controles del programa de privacidad de X Corp. La agencia también señaló que el personal de seguridad de X llegó en ocasiones a desobedecer a Musk para mantener el cumplimiento de la orden.