Elgin Community College, una institución educativa situada en el suburbio occidental de Chicago, ha enfrentado una crisis institucional y de privacidad tras descubrir que su sistema de vigilancia, instalado por la empresa Flock Safety, estaba siendo utilizado para compartir datos con agencias de inmigración y seguridad fronteriza. Lo que comenzó como una medida de seguridad para proteger a los estudiantes se transformó en un conflicto legal y operativo que culminó en la retirada forzada de las cámaras, pero que ha dejado un precedente preocupante sobre la vigilancia masiva en las universidades públicas de Illinois.
En abril de 2025, la administración de Elgin Community College contrató a Flock Safety para instalar seis cámaras de reconocimiento de matrículas automáticas (ALPR) con el objetivo declarado de "mejorar la seguridad y seguridad de los estudiantes". Estas cámaras, equipadas con inteligencia artificial, están diseñadas para rastrear la matrícula, el modelo y los detalles visuales de los vehículos que pasan por el campus, con la intención original de localizar vehículos robados o personas desaparecidas. Sin embargo, la percepción de seguridad de la universidad comenzó a deteriorarse en septiembre de 2025, cuando la presidenta de la universidad, Peggy Heinrich, tomó conocimiento de informes de medios que indicaban que los datos capturados por cámaras de Flock en Illinois estaban siendo compartidos con U.S. Customs and Border Protection (CBP). La tensión escaló aún más cuando, en el mismo mes, una estudiante fue detenida por Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el estacionamiento del campus, un incidente que Heinrich atribuyó a la falta de confianza en el entorno.
El punto de inflexión llegó en octubre de 2025, cuando la universidad solicitó a Flock la retirada de las cámaras. Según reportes de The Verge y Open Campus, Flock rechazó la solicitud inicialmente, argumentando que no había violado su contrato. La situación se volvió crítica en diciembre de 2025, cuando los funcionarios de la universidad contactaron nuevamente con Flock, ofreciendo incluso pagar por los cinco meses restantes del contrato, pero insistiendo en que las cámaras fueran desinstaladas. Esta vez, Flock respondió con silencio total, lo que generó una dinámica de resistencia y desconfianza.
Según Heinrich, el personal de la universidad comenzó a cubrir las cámaras con bolsas negras de basura y cintas de plástico para impedir que capturaran imágenes. Sin embargo, trabajadores de un vehículo sin insignias, que Heinrich asumió que pertenecían a Flock, comenzaron a retirar las tapas repetidamente cuando llegaban para realizar servicios de mantenimiento. Esta "danza" de cubrir y desmontar las cámaras continuó hasta que el contrato de la universidad expiró en abril de este año, momento en el que Flock finalmente retiró el equipo de forma permanente.
Este incidente no es aislado. Investigaciones de Torin Monahan, un investigador de vigilancia, y registros públicos obtenidos por WBEZ revelan que Flock Safety tiene contratos instalados en cinco de las doce universidades públicas de Illinois y en cuatro colegios comunitarios. En Joliet Junior College, por ejemplo, los estudiantes latinos, que constituyen un tercio de la matrícula, han denunciado que la presencia de estas cámaras vulnera su privacidad y les hace sentirse inseguros. Monahan señala que Flock está financieramente incentivada a mantener la red de cámaras activa, ya que los clientes buscan la mayor cobertura posible, lo que permite a la empresa acceder a más datos a través de la red nacional.
Las implicaciones de este caso trascienden lo local. El Illinois Secretary of State encontró que U.S. Customs and Border Protection buscó datos de Flock en Illinois el año pasado en violación de la ley estatal. Aunque Heinrich afirma que su auditoría interna no encontró evidencia de acceso por parte de agentes federales, la falta de transparencia y la resistencia de Flock ante las solicitudes de retirada han generado un movimiento entre estudiantes y educadores en Illinois que abogan por la terminación de contratos con Flock. La comunidad académica argumenta que esta tecnología no solo viola la privacidad, sino que pone en peligro a estudiantes inmigrantes y activistas que han sido objetivos de la administración actual.
En conclusión, Elgin Community College ha resuelto su conflicto inmediato retirando las cámaras, pero el caso ha servido como un recordatorio de los riesgos asociados con la vigilancia automatizada en espacios educativos. Mientras Flock Safety continúa operando en otras instituciones del estado, la presión por garantizar la privacidad de los estudiantes y la rendición de cuentas en el uso de datos sensibles se ha convertido en un tema central de debate en el sector educativo de Illinois. El futuro de estas instalaciones dependerá de si las autoridades estatales y las universidades logran regular o eliminar por completo estas tecnologías de vigilancia masiva.