La sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto de normalización del euskera en la Administración vasca, aprobado en febrero de 2024. La decisión, motivada por un recurso presentado por Vox, se fundamenta en defectos de forma, específicamente la insuficiencia de la memoria económica presentada por el Gobierno vasco. La sala, compuesta por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, determinó que el Ejecutivo no atendió los reparos de la Oficina de Control Económico, que alertó sobre las consecuencias financieras del reglamento. El Tribunal señala que el Gobierno afirmó inicialmente que el decreto no tendría repercusión económica, pero luego presentó una memoria insuficiente, evidenciando la ausencia de los necesarios créditos presupuestarios. Esta resolución no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El decreto, respaldado por PNV y PSE-EE, regulaba el impulso del euskera en organismos como la Ertzaintza, Osakidetza y Lakua, afectando a unas 140.000 personas. Vox y el PP han recurrido regularmente estas normativas, mientras que colectivos de euskalgintza y sectores del PNV han denunciado una ofensiva contra la lengua. Esta anulación llega tras la inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad del Superior vasco, y mientras el Gobierno vasco trabaja en una nueva ley de política lingüística con Ibone Bengoetxea como responsable de Política Lingüística.
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