El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido un auto en el que da por conmutada la pena de cuatro años y medio de prisión impuesta a la expresidenta de Junts y del Parlament, Laura Borràs, condenada por falsedad documental y prevaricación. El cierre del trámite se produce tras el indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros en julio a propuesta de los propios magistrados que la condenaron hace tres años por fraccionar contratos públicos en beneficio de un amigo.
Los jueces que juzgaron a Borràs plantearon la medida de gracia al considerar que la pena impuesta, la mínima prevista por la ley, era "notablemente excesiva" en proporción al daño causado por su conducta delictiva. A su juicio, su ingreso en prisión no era necesario "para evitar la comisión futura de nuevos delitos" y bastaba con la inhabilitación de 13 años para gestionar dinero público y una multa de 36.000 euros como reproche penal.
El Gobierno siguió la petición judicial y conmutó únicamente la pena de cárcel, manteniendo el resto de la condena. En la práctica, la decisión impide a Borràs regresar a la primera línea política o a cualquier cargo público durante la próxima década.