Una reciente resolución del Tribunal Supremo de Estados Unidos permite a candidatos y partidos políticos coordinar sus compras de espacios publicitarios en emisoras de radio y televisión, una práctica que hasta ahora estaba restringida por las normas federales. La decisión, publicada la semana pasada en plenas celebraciones del 4 de julio, tiene repercusiones operativas inmediatas para los radiodifusores de numerosos estados. En paralelo, una notificación de la Oficina de Medios de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) indica que las adquisiciones de espacios coordinadas entre candidatos, partidos y emisoras deben recibir la Lowest Unit Charge (LUC), la tarifa más baja aplicable a una franja horaria concreta. Esta norma garantiza a los candidatos federales el precio más favorable que la emisora ofrezca a cualquier anunciante comercial por ese mismo periodo, dentro de los 45 días previos a unas primarias o 60 días antes de unas elecciones generales. Los expertos en derecho de radiodifusión subrayan que es inusual que una sentencia del Supremo afecte de forma tan directa a la regulación diaria de las emisoras. El artículo del Broadcast Law Blog advierte a los operadores de que revisen sus procedimientos internos para identificar anuncios coordinados y aplicar correctamente la LUC, una obligación que ya existía pero que ahora puede dispararse por la mayor coordinación permitida. Las emisoras deberán reforzar sus sistemas de seguimiento y documentación para acreditar que aplican la tarifa adecuada a cada campaña y evitar sanciones de la FCC.
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