El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado la legalidad de la excepción ibérica que estableció un tope al precio del gas en 2022 para mitigar la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. La sentencia, emitida este jueves, desestima los recursos de casación presentados por cinco empresas españolas: PGI Spain, Berry Superfos Pamplona, Promens Packaging, RPC Envases y Zeller Plastik España. Estas compañías cuestionaban la decisión de la Comisión Europea de respaldar la medida y la sentencia previa del Tribunal General de la UE, argumentando que la ayuda de Estado notificada infringía el Reglamento del mercado interior de la electricidad y la Directiva de normas comunes.
La medida aprobada por el Gobierno español consistía en efectuar pagos a los operadores de centrales eléctricas de combustibles fósiles en la Península Ibérica para cubrir parte de sus costes de combustible. El objetivo era reducir los precios de la electricidad y atenuar los efectos de la crisis para los consumidores. La Comisión Europea consideró que la exención no confería una ventaja selectiva y que la medida era necesaria y proporcionada. El TJUE ha determinado que el Tribunal General obró correctamente al no tener en cuenta pruebas presentadas posteriormente a la adopción de la Decisión de la Comisión, recordando que la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse según los elementos existentes en el momento de su adopción. Además, el tribunal desestima las alegaciones de las empresas recurrentes sobre la violación del principio de no discriminación y la falta de acceso al expediente administrativo, concluyendo que la medida cumple con las disposiciones del Derecho de la Unión.