El senador de ERC Joan J. Queralt sostiene que las dos sentencias del TJUE (C-523/24 y C-666/24) confirman la plena constitucionalidad de la amnistía del procés, previamente revisada por la Comisión de Venecia y el Tribunal Constitucional. A su juicio, los sectores judiciales, académicos y mediáticos más reaccionarios que rechazaron la medida quedan desautorizados por la Justicia europea, que desmonta los argumentos empleados contra ella.
En la sentencia C-523/24, relativa a la malversación de fondos europeos, el TJUE rechaza que una hipotética secesión de Catalunya pueda comprometer los intereses financieros de la Unión, al considerar que el territorio afectado dejaría de estar sujeto a los Tratados sin afectar al presupuesto comunitario. La resolución también valida los plazos de dos meses fijados para aplicar la amnistía y establece que los órganos jurisdiccionales nacionales deben dictar la extinción de la responsabilidad sin valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias.
Queralt concluye que la amnistía debe aplicarse de forma inmediata y sin dilaciones, y defiende que profundizar en la democracia —incluidas reformas como la cesión del IRPF o la atención en lenguas cooficiales— resulta posible si existe voluntad política.