El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó este lunes, por seis votos contra tres, que la Cuarta Enmienda protege el "historial de ubicaciones" de los usuarios, lo que obliga al Gobierno a obtener una orden judicial fundamentada para convertir los servicios de geolocalización del teléfono en una herramienta de vigilancia estatal. La Corte equiparó así la protección del historial de ubicaciones —recopilado por terceros como Google— a la que ya rige para el rastreo de dispositivos móviles.
La resolución surge del caso de Okello Chatrie, condenado a 12 años de prisión por el robo armado de un banco. Los agentes habían empleado una orden geofence, un instrumento que solicita a Google una lista de todos los teléfonos registrados en la zona del crimen. Mediante un proceso de tres fases, la policía acotó la lista hasta detener a Chatrie, que había autorizado a Google a compartir su ubicación cada pocos minutos. Chatrie recurrió la orden por considerarla una búsqueda inconstitucional.
El Gobierno sostuvo que no se trataba de una búsqueda, pues solo accedió a una pequeña porción de los datos de localización y porque el acusado los había compartido voluntariamente con Google. Alegó, además, que al tratarse de movimientos en espacios públicos no cabía esperar privacidad razonable. La jueza Elena Kagan, redactora de la opinión mayoritaria, rechazó estos argumentos: "Da igual cuánta información obtenga el Gobierno", pues se trata de una búsqueda porque los usuarios de teléfonos activan con frecuencia el rastreo para que sus aplicaciones funcionen. El fallo añade que Google incita repetidamente a los usuarios a activar este servicio sin detallar la frecuencia, precisión ni el posible acceso gubernamental a los datos.