El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó por 6 votos contra 3 el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva. La decisión, emitida por el presidente del tribunal John Roberts, confirma que el derecho garantizado por la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil para asegurar la ciudadanía a los hijos de las personas esclavizadas, se mantiene plenamente vigente. La orden ejecutiva, titulada "Protecting the Meaning and Value of American Citizenship", fue firmada por Trump horas después de su toma de posesión a comienzos de 2025 y fue impugnada judicialmente de forma inmediata. El Gobierno sostuvo ante el Supremo que los no ciudadanos y sus hijos no están "sujetos a la jurisdicción" estadounidense. La sentencia afecta a unos 250.000 niños nacidos cada año en suelo estadounidense de padres no ciudadanos, que hubieran quedado excluidos del derecho treinta días después de la emisión de la orden.
Los jueces disidentes fueron Clarence Thomas y Samuel Alito, junto con Neil Gorsuch, que además firmó una opinión propia. Brett Kavanaugh suscribió la opinión mayoritaria pero escribió un disentimiento parcial al considerar que la orden ejecutiva violaba la Ley de Nacionalidad de 1940 y la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, y apuntó que el Congreso podría ampliar las excepciones a la ciudadanía por nacimiento en el futuro.