El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado, por 6 a 3, que el uso policial de las denominadas "geofence warrants", que permiten a las fuerzas de seguridad obtener de forma masiva datos de localización de teléfonos móviles, constituye un registro sujeto a la Cuarta Enmienda y exige una orden judicial previa que cumpla sus requisitos. La magistrada Elena Kagan, autora de la opinión mayoritaria, señaló que los usuarios de teléfonos tienen una "expectativa razonable de privacidad" sobre los registros de localización, incluso cuando se encuentren en espacios públicos, y rechazó el argumento del Gobierno de que activar el servicio de historial de ubicaciones de Google constituya una renuncia voluntaria a esa privacidad.
El caso, Chatrie contra EE UU, se originó tras la persecución en 2022 de Okello Chatrie, autor del robo de un banco en Richmond (Virginia) con 195.000 dólares sustraídos, al que la Policía local identificó mediante una geofence warrant tras eludir otras vías de investigación; Chatrie fue condenado a 12 años de prisión.
Las geofence warrants permiten a la Policía y al FBI solicitar a empresas tecnológicas, principalmente a Google, los datos de localización de los dispositivos que se encuentren dentro de un perímetro virtual alrededor de la escena de un delito durante un periodo determinado, sin necesidad de identificar previamente a sospechosos. Google reconoció ante el tribunal que esas pesquisas suelen capturar a usuarios inocentes, a veces miles, e incluyen viviendas privadas, edificios gubernamentales, lugares de culto y hoteles.
La sentencia es la primera que el Supremo emite sobre el alcance de la Cuarta Enmienda en este ámbito desde la resolución de 2018, en la que ya estableció que el Gobierno necesitaba una orden judicial para acceder al historial de ubicaciones de un teléfono.