El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el lunes que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que impone restricciones severas al voto por correo de cara a las legislativas de noviembre, puede seguir adelante. Aunque un juez federal de Boston mantiene una medida cautelar nacional que impide al Servicio Postal aplicar la orden, la decisión del Supremo levanta otra suspensión que protegía a 23 estados y al Distrito de Columbia. El tribunal no se pronunció sobre la legalidad de la orden, sino que argumentó, por seis votos contra tres, que los estados demandantes carecían de legitimación porque no demostraron un daño concreto. La magistrada Ketanji Brown Jackson calificó la resolución de «pesadilla kafkiana» capaz de inyectar caos en las elecciones. La orden, firmada en marzo bajo el título «Garantizar la verificación de ciudadanía y la integridad en las elecciones federales», se basa en las afirmaciones infundadas de Trump y sus aliados sobre un supuesto fraude masivo por correo. Una base de datos del conservador Heritage Foundation que recoge incidentes desde 1980 contiene menos de un centenar de casos demostrados de voto de no ciudadanos. Casi un tercio de los votantes estadounidenses, incluido el propio Trump en las primarias republicanas de Florida, emiten su sufragio por correo. La orden contempla tres ejes: un listado federal de ciudadanía elaborado con datos del DHS y la SSA, la persecución penal de funcionarios electorales que entreguen papeletas a personas no elegibles y nuevas normas del USPS para el voto ausente que obligarían a reimprimir millones de sobres con códigos de barras rastreables. La lista de ciudadanía debería enviarse a los estados el 4 de septiembre, apenas once días después del fallo.
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