El Senado italiano ha dado el visto bueno final a una ley que abre la puerta a la reactivación de la energía nuclear en el país, un hito histórico que llega casi cuatro décadas después de que la catástrofe de Chernóbil en 1986 y el posterior referéndum nacional hicieran del sector un tabú. La medida, aprobada con 81 votos a favor, 51 en contra y siete abstenciones, marca un giro estratégico en la política energética de Italia, impulsado por el primer ministro Giorgia Meloni, quien busca fortalecer la seguridad energética y cumplir con los objetivos climáticos de la Unión Europea. La ley no autoriza directamente la construcción de reactores, sino que establece el marco regulatorio necesario para los próximos 12 meses, permitiendo al gobierno redactar decretos de implementación que cubran la licencia de reactores, estándares de seguridad, gestión de residuos y criterios para la selección de futuros sitios.
El contexto de esta decisión es la creciente volatilidad en los precios de los combustibles y la necesidad de garantizar el suministro eléctrico ante la electrificación de hogares, empresas y centros de datos. Según el ministerio de Medio Ambiente y Seguridad Energética, la integración de la nuclear con las renovables ofrece una solución para la independencia energética. Sin embargo, el enfoque del gobierno se centra en tecnologías de nueva generación, específicamente los reactores modulares pequeños (SMR), que se presentan como más seguros, flexibles y rápidos de construir que las grandes centrales de la era soviética. A diferencia de la política de la Comisión Europea, que en 2022 fue criticada por su retroceso hacia las renovables, Italia adopta una postura más pragmática, alineándose con la tendencia de países como Francia y Polonia, que están invirtiendo en nuevos proyectos nucleares.
La aprobación del Senado es un paso crucial, pero no elimina los obstáculos. Italia carece aún de un repositorio nacional permanente para los residuos radiactivos, un problema que ha llevado a almacenar desechos en instalaciones temporales en todo el país. Además, se espera que los proyectos futuros enfrenten la resistencia de las comunidades locales, un fenómeno conocido como 'NIMBY' (Not In My Back Yard). Un sondeo de junio de 2026 realizado por la firma Only Numbers revela que el apoyo público ha cambiado: aproximadamente el 55% de los italianos respalda las plantas nucleares de nueva generación, con un respaldo especialmente fuerte entre las generaciones más jóvenes que no tienen memoria directa de Chernóbil.
No obstante, los analistas de la industria y los expertos en política energética señalan que la vía es compleja. Michele Governatori, asesor senior de energía del think tank ECCO, advierte que, aunque el marco regulatorio es positivo, la falta de interés del sector privado en tecnologías no competitivas o no probadas comercialmente a gran escala en Europa sigue siendo un reto. Las estimaciones de la industria sitúan el coste de construcción de un SMR de 300 megavatios entre 3.000 millones y 6.000 millones de euros, excluyendo infraestructuras adicionales. Por otro lado, el eurodiputado Diego Solier, de Demócrata, defiende que la nuclear debe ser parte de un debate público abierto en Europa para asegurar la competitividad y la soberanía energética, rompiendo con el mantra de las renovables que dominó durante décadas.
En conclusión, Italia se encuentra en una fase de transición hacia la normalización de la energía nuclear, pasando de la prohibición a la regulación. Aunque la construcción de reactores aún está a años de distancia, la creación de este marco legal sienta las bases para que, en el futuro, se evalúen y aprueben nuevos proyectos. El éxito de esta iniciativa dependerá de cómo se resuelvan los desafíos técnicos, económicos y sociales, pero representa un cambio de paradigma en la política energética italiana, posicionando al país como un actor clave en la redefinición de la seguridad energética europea.