El Senado de Estados Unidos rechazó esta semana un acuerdo para renovar la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), sumiendo al Congreso en una crisis política que podría provocar la primera expiración de esta herramienta de espionaje en su historia. La votación, que terminó 52 a 47 en contra del plan de renovación por tres años —muy por debajo de los 60 votos necesarios—, estuvo marcada por la sorpresiva decisión del presidente Donald Trump de nombrar a Bill Pulte, un empresario sin experiencia en inteligencia ni autorización de seguridad, como director interino de Inteligencia Nacional.
La Sección 702, que expira el 12 de junio, permite a las agencias de inteligencia estadounidenses recolectar vastas cantidades de comunicaciones extranjeras, incluyendo datos de estadounidenses, para identificar hackers, espías y terroristas. Legisladores de ambos partidos han buscado durante años exigir una orden judicial antes de acceder a las comunicaciones privadas de ciudadanos estadounidenses, una reforma que la administración Trump ha rechazado en favor de una renovación sin condiciones.
La controversia en torno a Pulte resultó determinante. En una entrevista con el Wall Street Journal, Trump sugirió que quiere que Pulte reduzca drásticamente la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), que supervisa 18 agencias, y que despida a personal que sirvió bajo las administraciones de Obama y Biden. Senadores demócratas y siete republicanos unieron sus votos en contra del acuerdo, citando los abusos documentados de Trump con los poderes de vigilancia y el temor de que Pulte utilizara su cargo para perseguir oponentes políticos del presidente.
Sean Vitka, director ejecutivo de Demand Progress, resumió el sentir de los críticos en una conferencia de prensa: "No hubo reformistas en ninguna de las conversaciones. Punto". El senador Ron Wyden, por su parte, sostuvo que el nombramiento de Pulte demostraba que ninguna administración debería tener poderes de espionaje doméstico sin orden judicial.
La situación se complicó aún más cuando la Cámara de Representantes también fracasó en su intento de aprobar una extensión, con una votación de 218 a 198 que requería una mayoría de dos tercios. Diecinueve republicanos se unieron a la oposición. Según Politico, la próxima votación está programada para el 23 de junio.
En un giro inesperado, la administración retiró la nominación de Pulte el jueves y propuso en su lugar a Jay Clayton, actual fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York y ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores. Sin embargo, para cuando se conoció este cambio, muchos legisladores ya habían abandonado Washington para un receso de una semana, haciendo improbable cualquier acuerdo de último momento.
El trasfondo histórico es relevante: la Sección 702 saltó a la opinión pública en 2013, cuando el ex contratista de la NSA Edward Snowden filtró miles de documentos que revelaron el alcance global del espionaje estadounidense, incluyendo la recolección masiva de comunicaciones que involucraban a estadounidenses, pese a las protecciones constitucionales que deberían eximirlos.
El episodio actual expone las profundas divisiones dentro del Partido Republicano y entre ambos partidos sobre el equilibrio entre seguridad nacional y libertades civiles. Mientras la administración insiste en una renovación limpia para preservar capacidades de inteligencia consideradas críticas, un número creciente de legisladores —incluso republicanos— considera indispensable limitar los poderes de vigilancia ante el historial de abusos.
De cara a los próximos días, la expectativa es que el Congreso intente aprobar al menos una extensión de corto plazo para evitar el vencimiento total de la ley, aunque las posibilidades de una reforma sustantiva antes de junio siguen siendo escasas. El resultado final podría redefinir los límites del espionaje estadounidense y sentar un precedente sobre la capacidad del poder ejecutivo para utilizar herramientas de inteligencia con fines políticos.