Más de 300 piscinas municipales españolas han tenido que cerrar temporalmente durante el verano de 2025 y lo que va de 2026 a causa del llamado "reto marrón", una práctica consistente en defecar en el agua de forma deliberada. En la provincia de Valencia, una decena de municipios —Silla, Oliva, Chiva, Requena o Picassent— han suspendido la apertura de sus vasos, mientras que en Lleida se han contabilizado hasta siete cierres en instalaciones de Alcarràs, Almacelles, Bellpuig, Camarasa, Bellver de Cerdanya y la capital. Tàrrega cerró sus piscinas tres veces en una sola semana de agosto de 2025 y ha llegado a contratar seguridad privada, controlar el acceso con DNI y mantener la instalación solo como refugio climático. En Lugo, los concellos de Friol, Guitiriz, Quiroga, Monterroso y Castroverde encadenan episodios sucesivos, con cierres de 24 a 48 horas. Sevilla, Toledo y Cáceres también han activado protocolos tras detectar heces en grandes clubes privados y recintos urbanos. Cada deposición introduce en el agua bacterias como E. coli, enterococos fecales y Clostridium perfringens, además de virus entéricos y protozoos como Cryptosporidium y Giardia, capaces de sobrevivir varios días incluso con niveles correctos de cloro. Por ello los ayuntamientos aplican hipercloración de hasta doce horas, filtración intensiva y análisis microbiológicos antes de reabrir. Las sanciones previstas oscilan entre 1.000 y 3.000 euros y, según la ordenanza municipal, pueden alcanzar los 20.000 euros, con vetos de acceso de uno a cinco años.
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