Clint Curtis, máximo responsable electoral del condado de Shasta (California), anunció públicamente su intención de contratar como adjunta a Tina Peters, exsecretaria del condado de Mesa (Colorado) condenada en 2024 a nueve años de prisión por siete cargos de interferencia electoral y cuya pena fue conmutada en mayo por el gobernador Jared Polis tras la presión del presidente Donald Trump. Peters, que no se pronunció sobre la oferta aunque su abogado confirmó que la está considerando, ya fue condenada por facilitar el acceso no autorizado al equipo electoral a Conan Hayes, exempleado del magnate negacionista Mike Lindell. Curtis aseguró a The Guardian que Peters no tendría acceso al sistema de votación del condado y se negó a detallar sus funciones, mientras el supervisor Matt Plummer advirtió de que el fichaje aumentaría la controversia y reduciría la confianza en las elecciones locales. La maniobra se produce en un condado considerado epicentro de las teorías conspirativas sobre el fraude electoral, donde Curtis carece de experiencia en gestión electoral y fue nombrado en 2025 pese a vivir entonces en Florida. Desde su nombramiento, una investigación interna y otra externa concluyeron que amenazó, insultó y tomó represalias contra su propio personal, incluidas amenazas de agresión física, denuncias que Curtis niega. La Junta de Supervisores le censuró la semana pasada por 3 votos a 1, pero Curtis respondió acusando a sus empleados de sabotear una elección federal y mostrando imágenes de CCTV sin haber interrogado previamente al trabajador implicado. En junio perdió la reelección frente a Joanna Francescut, funcionaria con 18 años de experiencia en el condado a la que había despedido días después de asumir el cargo.
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