Casi la mitad de las empresas víctimas de un ataque de ransomware acaba pagando un rescate para recuperar sus datos o sistemas, según el informe 2025 de la firma de ciberseguridad Sophos, mientras la mediana de las cantidades exigidas continúa al alza. El dato coincide con la decisión de algunos Gobiernos de restringir estos pagos: en Reino Unido, el Ejecutivo avanza en su plan para prohibir que organismos del sector público e infraestructuras críticas —entre ellos el Servicio Nacional de Salud, los ayuntamientos y los centros escolares— abonen rescates a los ciberdelincuentes.
El endurecimiento normativo responde a la creciente sofisticación de los grupos de ransomware, que han perfeccionado sus técnicas contra empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Haydn Brooks, consejero delegado de Risk Ledger, describe el panorama de 2026 como un "ecosistema corporativo" altamente profesionalizado en el que los atacantes operan como negocios B2B, mientras el riesgo legal y sancionador de pagar alcanza su nivel más alto.
La proliferación de herramientas maliciosas de inteligencia artificial, como WormGPT, FraudGPT y BruteForceAI, ha acelerado esta tendencia. Dave Spillane, director de ingeniería de sistemas en Fortinet, cifra en un 389 % el aumento interanual de víctimas confirmadas en 2025, al pasar de unas 1.600 en 2024 a 7.831 en todo el mundo. Spillane advierte de que, en el tiempo que antes requería un ataque, los hackers pueden ahora lanzar cuatro simultáneos contra organizaciones distintas. Shashi Kiran, director de marketing de Nile, resume el cambio: lo que antes exigía capacidades de Estado-nación hoy lo ejecutan individuos con habilidades básicas apoyados en IA.