El equipo directivo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Gobierno de Pedro Sánchez evalúan la convocatoria de elecciones anticipadas, con una probabilidad estimada en un 70% según fuentes internas. La decisión, que aún no ha sido formalizada, se acelera tras la confirmación de que Junts, el partido de la coalición de centro-derecha, ha desestimado el decreto de vivienda, rompiendo el pacto previo. Este movimiento ha reavivado la presión por un adelanto electoral, aunque el Gobierno enfrenta dos obstáculos principales: la falta de preparación del Frente Amplio (anteriormente Sumar) para liderar la lista y el riesgo de dejar desamparados a los inquilinos afectados por las medidas de desahucio.
Las encuestas recientes muestran una mayoría abrumadora a favor de PP y Vox, pero también evidencian la fractura interna de la coalición de centro-derecha, lo que podría beneficiar al PSOE si logra cerrar filas con sus socios. Por su parte, ERC se opone al adelanto, temiendo que la pérdida de la legislatura impida aprobar la reforma de financiación autonómica, un tema clave para su plataforma. Mientras tanto, La Moncloa prepara una posible comparecencia del presidente para el lunes por la mañana, buscando un mensaje institucional claro antes de que el Parlamento se disuelva el 29 de noviembre.