El proyecto de ley AB2047, aprobado por la Asamblea de California con 33 enmiendas, obliga a que toda impresora 3D vendida en el estado incorpore un "algoritmo de detección" certificado por el Departamento de Justicia para identificar piezas de armas de fuego. La iniciativa, presentada como medida de seguridad pública, avanza ahora al Senado estatal, donde será analizada primero por las comisiones de Judicatura y Seguridad Pública.
Según la página de la campaña Stop AB2047, que reúne a fabricantes, docentes y makers, el texto presenta problemas tanto legales como técnicos. En el plano jurídico, el proyecto exigiría revisar archivos CAD y código fuente antes de imprimir, lo que los críticos equiparan a una censura previa protegida por la Primera Enmienda. También obligaría a los fabricantes a avalar el resultado de algoritmos disputados, lo que consideran expresión forzada, y crearía una lista estatal de hardware interestatal con posibles conflictos con la cláusula de comercio.
En el terreno técnico, los impulsores de la campaña sostienen que la detección por formas es poco fiable: un cañón estriado comparte geometría con tornillos industriales y soportes ópticos; rotar, escalar o partir el modelo anula la detección sin perder funcionalidad, y al llegar al firmware (G-code) el contexto de la forma ya se ha perdido. Firmwares como Marlin, Klipper o RepRap pueden cambiarse en minutos, y no existe un conjunto de datos autorizado de "planos de armas de fuego".
La página facilita teléfonos, correos y guías para que los californianos contacten a los miembros de las comisiones senatoriales antes de la próxima votación. Entre las voces citadas figuran el experto David Tobin, que advierte del precedente regulatorio, y análisis que cifran en 10.500 millones de dólares los costes hundidos del ecosistema y en 1,5 millones los niños californianos usuarios de impresión 3D.