La expansión del programa SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements) del Departamento de Seguridad Nacional por parte de la administración Trump amenaza con privar del derecho al voto a miles o incluso millones de electores registrados y expone sus datos personales a filtraciones, según expertos electorales y de privacidad consultados por The Verge. SAVE, creado en 1987 para verificar la elegibilidad de beneficiarios de programas públicos, se ha reorientado a la depuración de padrones electorales tras la orden del Departamento de Justicia de exigir a casi todos los estados listados completos de votantes para cruzarlos con sus bases y eliminar supuestos no ciudadanos en un plazo de 45 días.
Dieciséis estados han entregado sus padrones y Texas y Alaska ya aplican la purga. En octubre de 2025, una auditoría de más de 18 millones de registros en Texas identificó 2.724 “potenciales no ciudadanos”, aunque investigaciones previas, incluido un análisis de The Washington Post de 2014, documentan apenas 31 casos creíbles de suplantación de votantes entre más de mil millones de papeletas desde 2000. La propia SSA advierte que sus datos son una “fotografía del momento” que sólo ofrece una “indicación” de ciudadanía, no una prueba definitiva, y el DHS reconoce que los usuarios deben verificar cualquier resultado distinto a “ciudadano estadounidense”.
Medios como NPR y The Texas Tribune han identificado ciudadanos estadounidenses erróneamente marcados. El Electronic Privacy Information Center ha demandado para bloquear la expansión. Los críticos, entre ellos la ex funcionaria del DOJ Eileen O’Connor, califican la operación de “aspirado masivo” de datos y recuerdan que la presencia de agentes federales armados en las mesas suele estar prohibida por la ley federal.