El Ayuntamiento de Codo, en la provincia de Zaragoza, ha suspendido temporalmente la declaración de interés público de cuatro macrogranjas porcinas tras una controversia política y técnica que ha sacudido la localidad. La decisión, adoptada por la secretaria municipal, revierte la votación inicial del alcalde, Raúl Cuevas (PP), quien había apoyado el proyecto pese a que tres de las explotaciones se proyectan sobre terrenos propiedad de su madre y un tío. Este cambio de postura se produce después de que el único concejal socialista, Juan Villuendas, impugnara el acuerdo del pleno extraordinario del 4 de septiembre, señalando que el alcalde hizo caso omiso de su advertencia sobre la necesidad de abstenerse para garantizar la imparcialidad.
La controversia no solo gira en torno a la participación del alcalde, sino también a la escasez crítica de agua en el municipio. Codo, con una población censada de 250 vecinos y unos 70 residentes permanentes, no dispone de agua de la red apta para beber o cocinar desde 2023. Según los cálculos de la organización Stop Ganadería Industrial, las cuatro instalaciones, promovidas por Explotaciones Ganaderas Estiche (grupo Cincaporc), consumirían en conjunto unos 100,6 millones de litros de agua al año. Esta cifra multiplica por más de ocho el consumo necesario para la población local, lo que ha llevado a los vecinos a depender de agua embotellada. El edil socialista denuncia que la implantación de las granjas priorizará el consumo industrial, agotando los recursos hídricos disponibles.
En cuanto a la dimensión de las explotaciones, los proyectos contemplan dos macrogranjas de cebo con capacidades de 6.000 y 7.200 animales, y dos unidades de producción de lechones con 864 unidades de ganado mayor (UGM) cada una. Stop Ganadería Industrial alerta de que tres de las instalaciones alcanzan el límite máximo de capacidad permitido en suelo rústico, generando en conjunto más de 22.000 animales estabulados simultáneamente. Además, se estima que las explotaciones producirán unos 64,2 millones de litros de purines anuales, un volumen que la organización considera un riesgo significativo para la calidad del agua, especialmente dado que dos de los emplazamientos se encuentran dentro de espacios protegidos como la Red Natura 2000, con figuras de protección como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona Especial de Conservación (ZEC).
El PSOE de Zaragoza sostiene que la existencia de intereses personales obligaba al alcalde a abstenerse y abandonar el salón durante la deliberación. Según esta versión, el alcalde desconocía quiénes eran los propietarios de los terrenos privados, aunque se había negociado un alquiler de 4.000 euros mensuales para la parcela municipal. La resolución de Alcaldía del 25 de septiembre recoge finalmente la abstención de Cuevas y suspende la declaración de interés público hasta que el asunto vuelva a ser valorado por el pleno, previsiblemente dentro de un mes. El expediente también será remitido al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
La oposición cuestiona también el valor social del proyecto. Stop Ganadería Industrial señala que, al tratarse de instalaciones altamente automatizadas gestionadas por una gran integradora, la creación de empleo sería reducida y que el valor añadido se beneficiaría principalmente a los titulares de los terrenos, no al municipio. El PSOE defiende que la iniciativa no se presenta como una solución a la despoblación, dado que Codo no tiene personas en situación de desempleo. La polémica se produce en un contexto de fuerte expansión de la ganadería porcina en la provincia, donde la capacidad autorizada pasó de 1,7 millones de cabezas en 2005 a 3,1 millones en 2025, un incremento del 81,5%.
Por el momento, el proyecto no ha desaparecido, pero la declaración de interés público, que permite autorizar proyectos en suelo rústico restringido, queda en suspenso. La cuestión deberá volver al pleno sin la participación del alcalde en la decisión, marcando un precedente en la gestión de conflictos de interés en la administración local. La comunidad vecinal espera que la resolución final considere tanto la dimensión ambiental y hídrica como la transparencia en la gestión de los terrenos privados y municipales.