El Partido Popular (PP) ha solicitado a la Audiencia Nacional que impute al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por sufragar gastos derivados de una actividad ilícita en el caso Leire Díez. El escrito, presentado ante el tribunal especial solo 24 horas después de que Pedro Sánchez anunciara un adelanto electoral, argumenta que la formación socialista disponía de los medios operativos, logísticos y financieros para cubrir estos costes bajo la indicación expresa de su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.
El letrado del PP, Henry Feltenstein, sostiene que el PSOE carecía de medidas de control y vigilancia aptas para prevenir la comisión de delitos, ya que las decisiones dependían de la alta dirección sin fiscalización. Por ello, pide citar al partido como investigado por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos políticos y malversación de caudales públicos. La acusación señala que los fondos transferidos al medio Crónica Libre, indiciadamente sufragados con subvenciones electorales, constituyeron un negocio jurídico simulado para financiar a un medio afín y asegurar su línea editorial, incluyendo la adquisición de grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo Pérez.
El punto de inflexión de la trama se sitúa en el 26 de abril de 2024, en una reunión en la sede socialista de Ferraz donde Leire Díez se reunió con cargos del partido, entre ellos Cerdán. El PP argumenta que el delito imputado al partido debe haberse cometido en beneficio directo o indirecto, no necesariamente económico, sino estratégico o reputacional. Si el juez no considera pertinente la imputación de la persona jurídica, el PP pide que el PSOE responda como partícipe a título lucrativo en materia de responsabilidad civil y decomiso.