El Partido Popular ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez' que prohíba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, ejercer cualquier facultad de mando sobre la Unidad Central Operativa (UCO) mientras la causa siga abierta. La petición se formula mediante un escrito en el que los 'populares', como acusación popular unificada, piden medidas cautelares para proteger a los agentes investigadores, entre ellas que ambos mandos no puedan dirigir, supervisar, evaluar ni abrir expedientes disciplinarios contra la UCO y, en particular, contra el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN), y que esas facultades se atribuyan a un mando ajeno a la cadena de los investigados.
Los populares también piden que se les impida acceder a la documentación y a los sistemas de la investigación y comunicarse con los agentes y testigos que han declarado. Argumentan que existe un riesgo de represalias, ya que los mandos de la UCO que relataron presiones siguen subordinados a los investigados. Ambos están imputados por prevaricación y contra la Administración de Justicia por la supuesta apertura de informaciones reservadas para presionar a la UCO en causas que afectan al entorno del Gobierno y del PSOE. El PP recuerda que ambos siguen en sus cargos sin que se haya acordado su cese o suspensión. Además, ha reclamado por segunda vez la imputación del exdirector Leonardo Marcos, tras el testimonio del exjefe de la UCO Rafael Yuste sobre presiones recibidas en la investigación al hermano del presidente del Gobierno.