El Partido Popular de Cantabria ha registrado una enmienda al proyecto de Ley de Vivienda que eliminaría la cláusula que exigía que las viviendas se construyeran de forma complementaria a equipamientos públicos. Esta modificación permitiría que un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) consistiera exclusivamente en viviendas privadas, sin necesidad de contar con infraestructuras públicas asociadas. La medida, registrada el 17 de septiembre, llega en un momento crítico para el urbanismo cántabro, donde la figura del PSIR, creada en 2001, ha sido históricamente utilizada para polígonos industriales y la rehabilitación de la Universidad Pontificia de Comillas, aunque cuatro de los cinco PSIR ejecutados hasta la fecha son exclusivamente residenciales.
El cambio normativo coincide con la presentación de megaproyectos como 'Bosques de Santander', que prevé 7.850 viviendas en Santander, Bezana y Camargo, y 'La Ciudad de la Justicia', un complejo de casi 20.000 metros cuadrados. Según el Gobierno regional, liderado por la presidenta María José Sáenz de Buruaga, estos proyectos aportan el 'interés público' necesario para agilizar la urbanización. Sin embargo, Podemos denuncia que esta enmienda elimina el contrapeso que obligaba a incluir vivienda protegida, una exigencia que la ley de 2001 establecía al 40% y la de 2022 elevó al 100% para proyectos de vivienda protegida. La oposición argumenta que la ley de vivienda no debe regular la ordenación territorial y pide al Ejecutivo explicar qué se necesita para aprobar el cambio. Mientras el PP defiende el modelo de vivienda protegida 'sin precedentes' y el consejero Roberto Media apela a la colaboración con la iniciativa privada, los vecinos de Rucandial se organizan para frenar el desarrollo de estos proyectos, temiendo la creación de colmenas de segundas residencias o viviendas de lujo.