El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha emitido una exención legal dirigida para permitir que empleados y contratistas actuales y anteriores revelen información sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP) a la iniciativa PURSUE de la Casa Blanca. Esta medida, anunciada el 14 de septiembre, busca facilitar la transparencia en el tema de los UAP, aunque los expertos señalan que no cubre todas las bases legales ni las agencias de inteligencia. La exención, que no ha sido publicada, anula las cláusulas de confidencialidad (NDAs) y los acuerdos de acceso especial para comunicaciones dirigidas específicamente al equipo PURSUE, sin extenderse a la prensa, el Congreso o el público general. El presidente Donald Trump dirigió esta política durante el verano, y el 31 de julio, Aaron Lukas, subdirector nacional de inteligencia, emitió un memorando que declaró nulas las NDAs que impedían la divulgación al presidente o a sus designados, otorgando 30 días para establecer procedimientos internos. Sin embargo, la medida deja un vacío significativo: no cubre a la comunidad de inteligencia completa, solo a quienes trabajan con el Pentágono, y no protege a los contratistas privados, ya que el gobierno no puede anular acuerdos en los que no es parte. Además, la exención no aborda las leyes penales, como la Ley de Espionaje. Para los denunciantes, como Dylan Borland, un especialista de inteligencia geoespacial del ejército aéreo, esta exención no resuelve sus problemas, ya que ya habían sido informados de que sus NDAs estaban en vigor. Borland, quien fue despedido y blacklistado tras denunciar, afirma que la nueva directiva simplemente repite lo que ya se le había dicho durante años. Otros analistas, como Marik von Rennenkampff, de la Sol Foundation, señalan que, tras 80 años de negación gubernamental, esta iniciativa representa un avance político, aunque advierte que no cubre el núcleo del programa de recuperación de tecnología no humana, que reside en agencias de inteligencia como la CIA.
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