El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha desactivado los identificadores publicitarios en teléfonos y computadoras de las tropas para protegerlas de amenazas que utilizan datos de ubicación comercialmente disponibles para rastrear y atacar a militares desplegados, según cartas enviadas al senador Ron Wyden y al representante Pat Harrigan, publicadas esta semana.
Las misivas, obtenidas en primer lugar por Reuters y compartidas con medios como TechCrunch y The Guardian, confirman que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, los Marines y el Comando de Operaciones Especiales han deshabilitado el rastreo publicitario en los dispositivos iPhone, Android y computadoras Windows gestionados a través de la red federal militar. La Fuerza Aérea, según la carta enviada a Wyden, implementó los cambios en julio de este año, mientras que el Comando de Operaciones Especiales indicó que los aplicó "recientemente" en sus dispositivos Windows. Por su parte, el Ejército aseguró que los identificadores publicitarios en computadoras Windows estaban bloqueados "desde antes de 2021", aunque en dispositivos móviles Android y Apple la desactivación por defecto se implementó "al menos desde febrero de 2026". La Marina no respondió a las solicitudes de comentarios.
La medida responde a alertas concretas sobre el uso de datos de ubicación comercial para atacar a tropas estadounidenses en Medio Oriente. En mayo pasado, el propio Wyden había advertido a los líderes militares que adversarios extranjeros sin identificar habían utilizado esta información para targeting contra fuerzas estadounidenses en la región. Los identificadores publicitarios móviles, conocidos como MAID, son códigos únicos vinculados a cada dispositivo que permiten rastrear la actividad de un usuario entre aplicaciones y precisar su ubicación física. Esta información suele ser compartida con terceros y corredores de datos ("data brokers"), que la revenden en el mercado comercial. Al desactivar el MAID, los datos de ubicación del dispositivo se mezclan con los del resto de usuarios que también han desactivado el rastreo, dificultando así la identificación individual.
Wyden, senador demócrata por Oregón y conocido defensor de la privacidad en el Capitolio, calificó la decisión como "loable", pero advirtió que los dispositivos personales de soldados y contratistas que ingresan a bases militares podrían seguir exponiendo a los uniformados y las instalaciones a riesgos. En una declaración, el senador aseguró que era evidente que los esfuerzos del Pentágono "no han sido efectivos para neutralizar esta amenaza". Harrigan, representante republicano por Carolina del Norte, fue más directo: "Los enemigos de Estados Unidos no deberían poder sacar una tarjeta de crédito y comprar información que les ayude a rastrear a las tropas estadounidenses". Ambos legisladores solicitaron formalmente una investigación al inspector general del Pentágono sobre si el Departamento de Defensa ha contrarrestado adecuadamente los peligros del comercio de datos de ubicación.
El especialista Zach Edwards, cofundador de la firma de tecnología publicitaria Decryptads, calificó la desactivación de MAID como "definitivamente algo positivo", ya que "garantizará esencialmente que su ubicación no se incluya en las ventas masivas de datos que realizan numerosos proveedores". Sin embargo, advirtió que el personal podría seguir siendo rastreado a través de mecanismos más complejos, como la triangulación de detalles técnicos del dispositivo con datos de red o información de ubicación de las propias aplicaciones.
La decisión se produce en un contexto de restricciones cada vez más estrictas sobre el uso de teléfonos en zonas de despliegue. En julio, Reuters informó que algunos efectivos desplegados en Medio Oriente podrían recibir la orden de entregar sus dispositivos, ante la preocupación de que videos que publican en redes sociales estuvieran ayudando a Irán a localizar bases estadounidenses. Además, fuentes citadas por The Guardian señalan que oficiales militares evalúan imponer limitaciones aún más severas al uso de teléfonos en operaciones.
El caso revela una contradicción significativa en la política del gobierno estadounidense: mientras el Pentágono intenta proteger a sus tropas de la exposición de datos, la comunidad de inteligencia y el FBI han confirmado que ellos mismos compran estos mismos datos de ubicación para vigilancia y recopilación de inteligencia sin necesidad de una orden judicial. El Pentágono, por su parte, indicó que responderá directamente a los legisladores.
De cara al futuro, la presión sobre la industria publicitaria como vector de riesgo para la seguridad nacional parece destinada a intensificarse, con el Congreso exigiendo mayor transparencia y, potencialmente, regulación sobre un ecosistema de datos que hasta ahora operaba con escaso control.