El Parlament de Catalunya ha cerrado este miércoles la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la extinta DGAIA, la dirección de protección a la infancia, con los votos de PSC, ERC y Comuns. La comisión había evaluado durante meses el funcionamiento de los centros de menores tras la crisis desatada en la conselleria de Derechos Sociales por el presunto pago indebido de prestaciones a jóvenes extutelados, que ascendería a 4,7 millones de euros. La crisis coincidió con el caso de una menor tutelada por la Generalitat que fue violada dentro de una red de pederastia.
El pleno concluye que la DGAIA ya arrastraba condicionantes estructurales previos al incremento extraordinario de la asistencia y operaba con un sistema desbordado desde la lógica de la emergencia. El informe señala que la falta de control sobre el coste de los servicios favoreció márgenes de lucro opaco en las entidades externalizadas. Desde 2015, los casos atendidos crecieron un 84% y los menores tutelados un 71%, sin un incremento proporcional de recursos. La comisión critica que la mayoría de centros residenciales los gestionen empresas externas e insta a asumir plenamente la dirección pública del sistema. La comisión se constituyó el 14 de octubre de 2025, tras aprobarse su creación por unanimidad en julio de ese mismo año, y ha celebrado quince sesiones con cincuenta comparecencias.