El Papa León XIV se ha convertido en el primer pontífice de la historia en pronunciar un discurso en el Congreso de los Diputados español, en una visita a España que ha durado una semana y que ha incluido escalas en Canarias, Barcelona y Madrid. Ante miembros del Gobierno, del Congreso y del Senado, el pontífice defendió una "acogida respetuosa" de los migrantes, cargó contra el discurso del "rearme" en las relaciones internacionales, insistió en su oposición al aborto y la eutanasia al señalar que "la vida debe ser reconocida desde la concepción hasta el ocaso natural", y, según la cobertura de eldiario.es, no mencionó los casos de abusos en el seno de la Iglesia.
El alcance del discurso y de toda la visita ha reabierto el debate sobre la aconfesionalidad del Estado recogida en la Constitución. Expertos consultados por eldiario.es coinciden en que aconfesionalidad y laicidad son términos equivalentes, y que tanto la intervención del Papa en el hemiciclo como la participación de cargos públicos en liturgias tienen encaje legal y precedentes internacionales. El profesor de Derecho Constitucional Víctor J. Vázquez, de la Universidad de Sevilla, recuerda que en 2015 el Papa Francisco habló ante el Congreso de Estados Unidos, un país con una separación Iglesia-Estado muy estricta, y que Juan Pablo II intervino en el Parlamento Europeo en 1988, en el italiano en 2002, en el polaco en 1999 y Benedicto XVI en el Reino Unido en 2010 y en el Bundestag alemán en 2011.
Sin embargo, el debate se desplaza hacia la igualdad de trato. Rafael Ruiz Andrés, sociólogo de la Complutense, plantea la pregunta clave: "¿Se hubiera dado ese trato a otras voces religiosas?" El especialista advierte del ascendente que la Iglesia Católica aún mantiene en la vida pública española y aboga por "una interacción más postsecular del Estado con las diferentes confesiones y cosmovisiones" que componen la sociedad. Ruiz pone como ejemplo la reapertura de Notre Dame en París, a la que asistió el presidente francés Emmanuel Macron, y la compara con el protagonismo de la Sagrada Familia: templos que, además de su carácter religioso, tienen un valor simbólico que excede lo confesional.
La postura más crítica la representa José Antonio Naz, presidente de Europa Laica, para quien el viaje ha cumplido "perfectamente" el objetivo político de "dejar consolidado un Estado católico". Naz denuncia que el hemiciclo se convirtió en "una iglesia" y los diputados en "fieles católicos" al aplaudir de pie a quien afirma que su ley moral está por encima de la legislación vigente. Califica de "barbaridad confesional" la misa en Barcelona con catorce ministros y asegura que se ha traspasado un límite que "no se superaba ni en los años 70".
Otro frente de controversia es el económico. El coste global de la visita para las arcas públicas no se ha hecho público. La Conferencia Episcopal lo cifró en 25 millones de euros, de los que cinco proceden de subvenciones directas de la Generalitat de Cataluña y de los cabildos insulares canarios. A esa cifra hay que añadir las deducciones fiscales por donaciones privadas, los gastos logísticos de las administraciones y la cesión gratuita de espacios públicos, como el Estadio Olímpico de Montjuïc, que habitualmente generan ingresos al erario.
En resumen, la visita de León XIV a España ha dejado una huella política y simbólica inédita: un pontífice hablando en la sede de la soberanía nacional, cargos del Ejecutivo participando en ceremonias religiosas y un gasto público significativo y opaco. Las voces expertas coinciden en que no hay vulneración jurídica del principio de aconfesionalidad, pero discrepan sobre si el tratamiento dispensado a la Iglesia Católica compromete la igualdad con otras confesiones y la neutralidad que la Constitución exige al Estado. La incógnita que queda abierta es si el gesto se repetirá con otras tradiciones religiosas o si, como advierte Europa Laica, se ha consolidado una nueva etapa de confesionalidad de facto en la vida institucional española.