El móvil clonado en un aeropuerto de Estados Unidos al principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, se ha convertido en la prueba central que sostiene la primera imputación de un expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso que investiga el destino de los 53 millones de euros del rescate público concedido a la aerolínea en 2021.
El contenido del dispositivo fue entregado el pasado 18 de marzo por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) a la UDEF de la Policía Nacional, según informó el diario eldiario.es. La entrega se produjo apenas un día después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama reactivara una orden de busca y captura internacional contra Reyes, a quien se acusa de participar en "un presunto plan para apropiarse" del dinero del rescate y desviarlo, mediante transferencias inmediatas, a "sociedades instrumentales de una red de blanqueo" de la que presuntamente formaba parte.
La cronología de los hechos se remonta al 9 de mayo de 2021, cuando Reyes fue interceptado en el aeropuerto de Miami. Los agentes de aduanas le bloquearon el paso, le retiraron el visado, le retuvieron en una sala y le exigieron entregar su teléfono, del que copiaron íntegramente su contenido antes de deportarle en un vuelo a Panamá. Desde ese momento hasta marzo de 2026, Estados Unidos retuvo esa copia durante casi cinco años sin enviarla a España, pese a que la orden de detención internacional contra el empresario venezolano estaba activa desde febrero de 2024.
En el móvil clonado, los investigadores encontraron conversaciones que, según los informes policiales de la UDEF, apuntan a que Zapatero pudo participar en las gestiones para lograr el rescate de Plus Ultra al margen de los cauces oficiales, con referencias directas a "nuestro pana Zapatero". Estos chats constituyen, junto con otros indicios, el principal sustento del auto del juez Calama que formalizó la imputación del ex presidente del Gobierno, un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
No obstante, la defensa de Zapatero y diversos analistas jurídicos han señalado tres anomalías que ponen en duda la validez de la prueba. La primera es el retraso de casi cinco años en la entrega del material, que fuentes de la investigación atribuyen a la reactivación de la orden de captura, pero que no termina de explicarse, dado que Interpol tenía activa la notificación roja desde 2024. La segunda es que en el sumario no consta el volcado íntegro del teléfono, sino solo los fragmentos seleccionados por la UDEF en sus informes, lo que impide a las partes comprobar si existen mensajes exculpatorios o si la selección está sesgada. La tercera anomalía es de carácter procesal: el juez Calama ha enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos para pedir autorización para usar la prueba, un trámite que suele ser previo y no posterior a su utilización, lo que ha sido calificado como "poner la carreta por delante de los bueyes".
A ello se suma una cuestión legal de fondo. En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene potestad para revisar y clonar teléfonos de cualquier viajero en frontera sin autorización judicial; solo en 2025 se copiaron 4.396 dispositivos de los 55.318 inspeccionados. En España, en cambio, el secreto de las comunicaciones es un derecho constitucional sin excepciones en frontera, y la intervención de un teléfono requiere orden judicial. La defensa de Zapatero ha solicitado plena transparencia documental y acceso íntegro a la prueba para verificar su cadena de custodia, su legalidad y su trazabilidad, y para evitar una posible situación de indefensión.
La situación se ve además condicionada por el contexto político entre España y Estados Unidos, en plena escalada de la disputa entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Administración de Donald Trump tras el rechazo español a participar en el conflicto con Irán. El HSI, departamento dependiente del ICE, no es un órgano judicial, lo que refuerza las dudas sobre quién autorizó la clonación del dispositivo y bajo qué criterios.
Si la prueba fuese declarada ilegal o no admisible, una parte sustancial del caso contra Zapatero podría quedar comprometida, dado que el auto de imputación se apoya de forma determinante en los chats extraídos del móvil de Reyes. Por ahora, el procedimiento avanza con la investigación abierta en la Audiencia Nacional y a la espera de la respuesta de las autoridades estadounidenses a la comisión rogatoria.