La celebración del Mundial de Fútbol en Estados Unidos ha puesto en primer plano el alcance de las políticas migratorias restrictivas del presidente Donald Trump. Aficionados, jugadores y árbitros de decenas de países han enfrentado denegaciones de visado, revocaciones de autorizaciones de viaje e interrogatorios en aeropuertos pese a las promesas de entrada fluida realizadas por la FIFA, México, Canadá y el propio Gobierno estadounidense.
El suizo Breel Embolo no pudo embarcar con su selección por una condena de 2018 y debió solicitar un visado de emergencia. La selección de Irán trasladó su base de entrenamiento de Tucson a Tijuana tras la denegación de visados a varios jugadores, en el contexto del ataque estadounidense contra ese país. El delantero iraquí Aymen Hussein fue retenido durante siete horas en el aeropuerto O'Hare de Chicago, donde le revisaron el teléfono, y el fotógrafo del equipo también fue rechazado en frontera. Omar Abdulkadir Artan, que iba a ser el primer árbitro somalí en la historia de los Mundiales, fue rechazado por "problemas de verificación" pese a tener visado.
El Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Markwayne Mullin, y Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, defendieron las decisiones y sugirieron que algunos rechazados representan amenazas. En diciembre, la Administración Trump impuso restricciones a nacionales de 39 países, con vetos totales para Haití e Irán —ambos clasificados al torneo— y suspensiones parciales para Costa de Marfil y Senegal, entre otros. La ACLU emitió en abril una advertencia de viaje por el deterioro de los derechos de los inmigrantes. Días antes del inicio del torneo, se revocaron las entradas de aficionados iraníes en Los Ángeles y Seattle. Incluso jordanos y marroquíes con boletos han sido rechazados, lo que contrasta con la narrativa de "Fútbol uniendo al mundo" que promueve la FIFA.