El juez de Teruel remite el caso Forestalia a la Audiencia Nacional

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El juez Juan José Cortés, instructor en Teruel, ha acordado inhibirse a favor de la Audiencia Nacional al considerar que las irregularidades investigadas en la concesión de autorizaciones ambientales para proyectos de energías renovables forman parte de la causa abierta contra Leire Díez y Antxon Alonso. El auto, fechado el 17 de noviembre, establece conexiones entre ambas investigaciones y detalla operaciones económicas y societarias bajo sospecha que podrían haber servido para facilitar pagos a responsables del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

La decisión implica que las diligencias previas se remitan a la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, donde el juez Santiago Pedraz instruye la causa conocida como caso Leire Díez. Este caso, originado por la Fiscalía Anticorrupción, investiga prevaricación, malversación y tráfico de influencias, con investigados como la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el empresario Antxon Alonso y Forestalia. El magistrado de Teruel concluye que la actuación atribuida a Forestalia es el elemento que conecta las presuntas irregularidades detectadas tanto en el Miteco, en Madrid, como en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), en Zaragoza.

El auto reconstruye una operación empresarial relacionada con los parques fotovoltaicos Masía I y Masía II. Según la resolución, Antxon Alonso adquirió, a través de sociedades vinculadas a Forestalia, las empresas Energías Renovables Satet y Quirón por 141.000 euros. Posteriormente, en 2024, el entorno de Forestalia recompró estas sociedades por 6,8 millones de euros. El juez presenta esta recompra como la culminación de un proceso convenido en 2021, con la hipótesis de que estos movimientos económicos intermedios pudieran haber tenido como finalidad obtener fondos para pagos a personal directivo del Miteco. Además, el auto recoge reuniones celebradas en el domicilio de Fernando Samper en Zaragoza, vinculadas al grupo denominado Hirurok, y señala sospechas sobre el papel de Eugenio Domínguez Collado, subdirector de Evaluación Ambiental del Miteco. El juez considera que el posible delito más grave sería el de cohecho, que “culmina” en el Ministerio, en Madrid, por lo que entiende que las decisiones presuntamente delictivas se habrían tomado en Madrid y Zaragoza, no en Teruel.