Francia impuso durante 126 años un tributo por cada puerta y ventana abierta, una medida que el Estado utilizó como indicador de riqueza para recaudar impuestos sin conocer los ingresos reales de los ciudadanos. Iniciado en 1798 por el Directorio bajo la dirección del ministro Dominique Ramel, este gravamen, conocido como la 'Window Tax' francesa, persistió hasta su supresión en 1926. La política generó una reacción inmediata por parte de los propietarios, quienes optaron por tapiar ventanas, eliminar parteluces o sustituir puertas cocheras por accesos ordinarios para reducir su factura fiscal. Esta intervención indirecta del Estado en la arquitectura doméstica dejó una huella visible en las fachadas francesas actuales, donde aún se observan ventanas tapiadas o falsas representaciones mediante trampantojos. Además, la reducción de aberturas afectó negativamente la iluminación y la ventilación de las viviendas, lo que llevó a críticas por sus efectos en la salud pública. El impuesto, que formó parte de las 'cuatro vieilles' (impuestos directos), se vio debilitado por el desarrollo de nuevas formas de tributación y la crítica de los movimientos higienistas. Finalmente, la ley de 1925 estableció su eliminación, efectiva en 1926, cuando la recaudación anual apenas alcanzaba los 60 millones de francos. Este caso ilustra cómo una decisión fiscal puede alterar permanentemente el aspecto físico de las ciudades, incluso tras la desaparición de la ley que la provocó.
